Reconstrucción tras los incendios: las alternativas para costear la emergencia en un contexto fiscal ajustado
Los incendios forestales que han golpeado a las regiones del Biobío, Ñuble y La Araucanía han dejado un panorama devastador. Más de 20 mil personas resultaron damnificadas, 878 viviendas fueron destruidas y al menos 21 personas perdieron la vida.
Desde enero, el fuego ha consumido cerca de 49.900 hectáreas, arrasando localidades completas como Lirquén, donde un 80% del territorio quedó reducido a cenizas.
La magnitud del desastre abrió un debate clave: cómo financiar la reconstrucción en medio de una estrechez fiscal. Según estimaciones, existiría un déficit cercano a los US$822 millones para cubrir el reajuste necesario, sin fuentes de financiamiento claramente definidas, lo que obligaría a recurrir a reasignaciones presupuestarias o al uso de provisiones del Tesoro.
Especialistas coinciden en que el financiamiento deberá provenir de múltiples fuentes. Gonzalo Escobar, académico de la U. Andrés Bello, señala que el Fondo Nacional de Reconstrucción permite canalizar donaciones privadas con incentivos tributarios, además de reasignar partidas del presupuesto destinadas a emergencias. A esto se podrían sumar medidas de alivio económico para los afectados, como beneficios en contribuciones.
Desde la Universidad de los Andes, Javier Mella agrega que, dadas las restricciones fiscales, la principal vía serían las reasignaciones, complementadas de forma marginal con deuda, fondos soberanos y aportes del Fondo Nacional de Reconstrucción.
En el ámbito político, también han surgido propuestas. Algunos parlamentarios plantean priorizar el gasto público y activar fondos de emergencia, mientras que otros sugieren mecanismos excepcionales previstos en la ley de responsabilidad fiscal o la creación de ingresos tributarios transitorios, como se hizo tras desastres anteriores.
