Prisión preventiva para 42 exgendarmes involucrados en red de corrupción en Santiago I
El 12° Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para la totalidad de los imputados formalizados en el denominado caso Operación Apocalipsis, una investigación que destapó una extensa red de corrupción al interior del penal Santiago I. En total, 62 personas quedaron privadas de libertad, entre ellas 42 exfuncionarios de Gendarmería.
La resolución fue adoptada durante la noche de este martes, luego de que el tribunal acogiera los antecedentes presentados por la Fiscalía Metropolitana Occidente, que solicitó la medida cautelar más severa al considerar que los imputados representan un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de la investigación.
El juez Francisco Ramos sostuvo que existen elementos suficientes para acreditar la participación de los acusados en una organización criminal con capacidad económica y operativa para intervenir el sistema penitenciario. En ese sentido, advirtió que, de permanecer en libertad, los imputados podrían coordinar acciones para obstruir el proceso, ejercer presiones sobre terceros o influir en eventuales colaboradores de la causa.
“Se decreta la prisión preventiva respecto de todos los imputados incluidos en la solicitud del Ministerio Público, los querellantes, el Consejo de Defensa del Estado y Gendarmería”, resolvió el magistrado.
Desde la Fiscalía valoraron la decisión del tribunal, señalando que quedaron establecidos los delitos imputados, entre ellos cohecho agravado, soborno, asociación criminal, tráfico de drogas, ingreso ilegal de teléfonos celulares a recintos penales y eventuales delitos de carácter patrimonial y lavado de activos. Así lo confirmó el fiscal jefe Occidente, Marcos Pastene.
De acuerdo con la investigación, los exgendarmes facilitaban el ingreso de diversos elementos prohibidos al penal, como drogas, alcohol, teléfonos celulares, chips, alimentos, carne y otros artículos, algunos de los cuales eran introducidos por iniciativa propia para su posterior venta a los internos. Además, se indaga la autorización irregular de ingresos de mujeres para ejercer comercio sexual bajo la figura de visitas.
Los cobros por estos favores variaban según el tipo de producto, con montos que iban desde los $10 mil hasta los $400 mil. En el operativo se incautaron 183 cuentas bancarias, 11 vehículos, además de armas y sustancias ilícitas.
Las detenciones se realizaron de manera simultánea en distintas regiones del país, entre ellas la Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.
