Amplio operativo contra corrupción en cárceles: 44 gendarmes detenidos en nueve recintos penales

Un total de 44 funcionarios de Gendarmería fueron detenidos tras un masivo operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI), que incluyó allanamientos realizados durante la madrugada en distintas zonas del país.

La acción policial se enmarca en una investigación que busca desmantelar una red de corrupción que también involucra a 35 civiles.

El procedimiento se desarrolló en siete regiones y permitió la captura de 66 personas imputadas. Según informaron las autoridades, la organización ilícita operaba en al menos nueve centros penitenciarios, con especial presencia en el Penal Santiago 1.

El Fiscal Regional Occidente, Marcos Pastén, explicó que los antecedentes recopilados desde 2022 por distintas fiscalías regionales permitieron detectar irregularidades en recintos como Santiago 1 y el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín. En estos lugares, funcionarios penitenciarios habrían actuado en coordinación con particulares para facilitar el ingreso de artículos prohibidos y permitir el acceso de personas que no cumplían con los requisitos legales para entrar a los penales.

El operativo se concentró en Santiago 1, el CPF San Joaquín y otros siete establecimientos penitenciarios a nivel nacional. De los funcionarios detenidos, 40 contaban con órdenes judiciales vigentes, mientras que los otros cuatro fueron arrestados en situación de flagrancia.

En el marco de la investigación, el Ministerio Público logró congelar fondos en 183 cuentas bancarias asociadas a los imputados, además de incautar nueve propiedades, 16 vehículos y cerca de 50 millones de pesos en dinero en efectivo.

Respecto al funcionamiento de la red, el fiscal detalló que los gendarmes permitían el ingreso de productos como alimentos, alcohol y otras sustancias a cambio de pagos ilícitos. Uno de los casos más llamativos fue la autorización para que un grupo de 23 internos realizara una celebración al interior del penal Santiago 1, episodio que se viralizó posteriormente en redes sociales.

Otro de los mecanismos detectados incluía el ingreso de encomiendas con elementos prohibidos y la autorización de visitas de personas no registradas en el sistema, algunas de ellas en situación migratoria irregular, evitando los controles establecidos por Gendarmería.

Además, se identificó un sistema interno conocido como “la feria”, mediante el cual funcionarios ofrecían artículos prohibidos directamente a los reclusos, funcionando como un servicio de entrega dentro de la cárcel. También se constató el cobro de dinero para trasladar internos entre módulos sin autorización y la exigencia de pagos para devolver teléfonos celulares previamente incautados.

Los imputados comenzarán a ser formalizados ante la justicia a partir de este viernes.